Hace 30 años, el 6 y 7 de noviembre de 1985, el Palacio de Justicia en Bogotá fue escenario de una sangrienta toma guerrillera y recuperación militar que dejó cerca de un centenar de muertos, incluidos once magistrados de la Corte Suprema, y una profunda herida que el país aún no cierra.

El asalto del Movimiento 19 de Abril (M-19) a plena luz del día en la Plaza de Bolívar, a pocos metros del Congreso y del palacio presidencial, estremeció a los colombianos que durante 28 horas asistieron horrorizados a la acción guerrillera y posterior recuperación a sangre y fuego del edificio que fue pasto de las llamas y reducido a escombros.

El objetivo del comando de 35 miembros del M-19, que al mediodía del 6 de noviembre penetró disparando en el palacio y tomó como rehenes a más de 300 personas entre magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, empleados y visitantes, era hacer un "juicio político" al entonces presidente colombiano, Belisario Betancur (1982-1986).

La Comisión de la Verdad que investigó los hechos concluyó en su informe de 2009 que "todo indica que hubo conexión del M-19 con el cartel de Medellín para el asalto al Palacio de Justicia" como parte de su guerra contra la extradición.

En el saldo trágico, además de los muertos y once desaparecidos, se cuenta la pérdida para la justicia de una generación brillante de juristas que integraban la Corte Suprema.

El clamor "¡Que cese el fuego!", hecho en entrevistas radiales por el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía, está en la memoria colectiva del país como recuerdo del fatídico día en el que "Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales", según la Comisión de la Verdad.

"Precisamente mi padre, como presidente de la Corte, le pidió al Gobierno públicamente que hubiera un cese al fuego por parte de las unidades de la Fuerza Pública que estaban intentando recuperar el edificio para poder iniciar conversaciones con el M-19 que decía tener algunas pretensiones que discutir", recuerda en una entrevista con el ministro de Justicia de Colombia, Yesid Reyes.

El ministro, hijo del magistrado Reyes Echandía, piensa "que la solución correcta debería haber sido la de privilegiar la solución pacífica dialogada de esa situación en lugar de haber insistido en la utilización de la fuerza para la recuperación del palacio".

Tres décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas y la calidad de los juristas que murieron en ese episodio.

Según Reyes, los magistrados muertos no eran "absolutamente irremplazables", pero sí considera que se truncó una generación que representaba "una forma de pensamiento y una visión específica de la Rama Judicial" en un periodo de consolidación de controles constitucionales.

"Cuando eso se corta abruptamente porque una proporción muy grande de los magistrados tiene que ser cambiada ese proceso de consolidación de la visión de la justicia se cambia también abruptamente y eso genera por supuesto consecuencias a futuro", explica.

Además del presidente de la Corte murieron los magistrados Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Fanny González Franco, Ricardo Medina Moyano, Carlos Medellín Forero, Horacio Montoya Gil, Alfonso Patiño Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria.

Este episodio sigue lleno de interrogantes, como por ejemplo ¿por qué un día antes de la toma guerrillera se retiró la protección al Palacio por parte de la Policía a sabiendas de que había un plan contra esa sede?, ¿por qué no se escuchó el clamor del magistrado Reyes Echandía?, ¿qué papel jugó el presidente Betancur en las decisiones?, ¿qué pasó con los desaparecidos? y muchas otras que quizás nunca tendrán respuesta.

Al respecto, el excomisionado de Paz Víctor G. Ricardo, en la época secretario general de la Presidencia, dijo que es una contradicción que el Gobierno de Betancur, "que era uno de los que más se la había jugado en la búsqueda de la paz" con las primeras negociaciones con grupos guerrilleros, haya tenido que hacer frente a un ataque de esta naturaleza.

"Yo siento que el presidente de la República en todo momento estuvo al frente de la situación y al mando de la situación", afirma Ricardo, pero aclara que "los operativos militares que se llevaron a cabo fueron responsabilidad de quienes los hicieron".

En todo caso, la Comisión de la Verdad asegura que "la toma armada y sangrienta del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la exorbitante operación de respuesta de las Fuerzas Armadas" es uno de los episodios "más vergonzosos y graves de la historia del país en la centuria precedente".

EFE